Después de un largo proceso jurídico de nuestro amparo 274/2011 aportando los suficientes documentos que justifica y pone en
evidencia el despojo en nuestras tierras de uso común de los ejidatarios del barrio de San Sebastián Bachajon, las autoridades de la impartición de justicia salen defendiendo los interés del gobierno, ahora estamos claros que la ley no está hecha para nosotros los pobres