La mañana del 10 de junio de 1998, efectivos del Ejército Mexicano, Policía de Seguridad Pública (hoy Policía Sectorial), Policía Judicial del Estado (hoy Agentes Estatales de Investigación), Policía Judicial Federal (hoy Agentes Federales de Investigación), Agentes del Ministerio Público y miembros del Centro de Información y Seguridad Nacional, realizaron un operativo coordinado en el municipio constitucional de El Bosque, municipio autónomo rebelde zapatista San Juan de la Libertad.

En dicho operativo la acción gubernamental dio como resultado la muerte de 8 campesinos indígenas, bases de apoyo zapatista, de las comunidades de Chavajebal y Unión Progreso, y la detención de 53 personas, dos de ellos menores de edad quienes fueron torturados por los policías. Además de los hechos lamentables de las perdidas humanas y las detenciones, los cuerpos policiales robaron pertenencias a las familias en las comunidades, dejando terror y saqueo.

A pesar de existir pruebas de abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza pública, tortura, robo con violencia y posibles ejecuciones extrajudiciales, las autoridades hicieron lo menos para responder estas acusaciones.

Con relación a los muertos, 3 de Chavajebal y 5 de Unión Progreso, los tres de Chavajebal presentaron una gran cantidad de impactos de arma de fuego, dos de ellos presentaron disparos por la espalda y uno de ellos un disparo en la frente. A pesar de las argumentaciones de uso indebido de la fuerza y la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales, la respuesta de las autoridades dejó mucho que desear.

No se realizaron renecropcias de las 8 personas muertas para confirmar o no la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales; el Ejercito Mexicano negó todo uso excesivo de la fuerza, a pesar de contar con morteros, geeps artillados, aviones y helicópteros para el operativo del 10 de junio en El Bosque, las Fuerzas Armadas argumentaron que sólo intervinieron "para dar seguridad a las autoridades civiles y estatales que iban a realizar una serie de detenciones".

La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el mes de septiembre de 1998 emitió recomendaciones al gobierno estatal, entonces encabezado por Roberto Albores, aquellas no reconocen la gravedad ni el nivel organizativa del evento, dando legitimidad a la respuesta insuficiente de la autoridades estatales y federales.

En la recomendación de la CNDH se deslinda la responsabilidad del Estado al ubicar los hechos como aislados; ahí donde la CNDH ve malos tratos y vejaciones nosotros documentamos Tortura; donde la CNDH ve apoderamiento indebido de mercancías, nosotros documentamos Robo con Violencia. La CNDH en su capítulo denominado "OBSERVACIONES" indica lo siguiente, ".Mediante el estudio realizado, se evidenció que, en particular, existieron hechos aislados que, por sus implicaciones, son violatorios de Derechos Humanos.".

Las recomendaciones de la CNDH por el robo a las familias de las comunidades fue "investigada" y "resuelta" por Werclain Ramos Aguilar, encargado del despacho de la subsecretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en 1998. Como resultado de su investigación apercibió a tres mandos de la Policía de Seguridad Pública, quedando impune el Robo con Violencia que sufrieron las dos comunidades agredidas. Werclain Ramos Aguilar actualmente está detenido, acusado por diversos ilícitos cometidos durante el ejercicio de su administración al frente de la Dirección General de la Policía Sectorial en el 2001.

El ataque al municipio zapatista San Juan de la Libertad, estuvo precedido por los ataques promovidos por Roberto Albores Guillén, entonces gobernador interino, a las comunidades de Taniperla, municipio rebelde Ricardo Flores Magóna; Nicolás Ruiz, declarado en rebeldía aunque no eran zapatistas; Amparo Agua Tinta, municipio zapatista Tierra y Libertad.

Albores Guillén fue el instrumento de las autoridades federales para implementar una fase de la Guerra de Baja Intensidad, dirigida a golpear los municipios autónomos zapatistas y la militancia en dicha organización; también fue juez y parte de las investigaciones de violaciones a derechos humanos en el caso de la masacre de El Bosque. A pesar de existir pruebas de posible abuso de autoridad en contra del entonces gobernador interino Roberto Albores, hoy goza de total impunidad, actualmente es un activo político que hasta se propuso como candidato por el PRI para ser gobernador del estado.

El caso de El Bosque, es una muestra de la impunidad que prevalece en Chiapas de cara a los eventos en el contexto de una Guerra de Baja Intensidad de un conflicto armado no resuelto, muestra de ello son los más de 70 campamentos militares existentes en territorio indígena. La masacre del 10 de junio en El Bosque, es muestra de la brutalidad de los cuerpos de seguridad del Estado contra los ciudadanos, brutalidad que se repite, ayer en El Bosque, hoy en Atenco. La impunidad de la que gozan las autoridades responsables de los hechos, no sólo atenta contra la dignidad ciudadana, sino que es muestra de que la clase política goza de un fuero "extra institucional".

La masacre de El Bosque del 10 de junio de 1998, es un indignante pendiente del pasado reciente, en el que el Estado no asume su responsabilidad, pretendiendo ocultar la verdad y negar la justicia no sólo a las víctimas, sino a la sociedad, ocultamiento que se repite una y otra vez en la historia del conflicto armado interno no resuelto. Por ello el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, no olvida, y demanda que se conozca la verdad de la masacre de El Bosque, de los responsables directos y aquellos que haciendo uso de su cargo en el gobierno violentaron las garantías de las comunidades y las familias indígenas de El Bosque.

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