Siguen impunes crímenes en Chiapas

Fueron parte de un plan del Estado contra el EZLN, denuncian
09.Dic.2013 | Autoría: Laura Castellanos | Fuente: El Universal

Siguen impunes 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y 12 mil desplazamientos forzados ocurridos de 1994 a 2000 en la Zona Norte, Selva y Altos en Chiapas, denunciaron testigos, sobrevivientes y familiares ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, los pasados 6 y 7 de diciembre en Susuclumil, Tila, Chiapas.
 
En la audiencia del Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una de las 208 organizaciones sociales convocantes del TPP, reveló que dichos crímenes son parte de una estrategia del Estado contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que cumple 20 años de existencia el primero de enero de 2014.
 
El abogado Pedro Faro, de la organización no gubernamental, asegura que esa estrategia, llamada Plan de Campaña Chiapas 94, contempló en ese periodo la creación de diversos grupos paramilitares como el de Desarrollo Paz y Justicia.
 
“El objetivo de esos grupos era parar toda la simpatía al Ejército Zapatista de Liberación Nacional con la cobertura de militares y policías”, asegura Pedro Faro.
 
De esta manera, explica, el Estado utilizó a indígenas a los que se armó para cometer decenas de ejecuciones, masacres, violaciones sexuales, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas contra comunidades simpatizantes o bases de apoyo zapatistas.
 
El abogado precisa que en las audiencias se testificó en cinco apartados distintos: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada militarización y desplazamiento forzado tras masacre de Acteal, y el caso de la matanza ocurrida en la comunidad Viejo Velasco, en la Selva Lacandona en 2006.
 
Narran experiencias
 
Entre los testimonios expuestos está el de Rosendo Gómez Hernández, de la mesa directiva de la Asociación Civil Las Abejas, que habló sobre la masacre de Acteal en la que se ejecutó a 19 mujeres, 14 niñas, 4 niños, 4 no nacidos y 8 hombres, el 27 de diciembre de 1997.
 
Gómez testificó que a pesar de que han sido absueltos 87 autores materiales, estos eran militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ese día arribaron armados a su comunidad.
 
“Ellos iban con armas de fuego, incluyendo armas de uso exclusivo del Ejército, machetes y cuchillos”, precisó.
 
Otro de los casos que se dio a conocer fue el de la muchacha Minerva Guadalupe Pérez Torres, que de acuerdo con su padre, Sebastián Pérez Torres, el 20 de junio de 1996, Paz y justicia la secuestró en un retén instalado en la comunidad Miguel Alemán, Tila.
 
“Se la llevaron y la encerraron secuestrada en la casa ejidal varios días, donde fue golpeada y violada sexualmente por más de 50 personas del mismo grupo que se encontraba en la zona, para luego desaparecerla”, dijo.
 
Faro precisa que el objetivo del TPP no es sólo exigir justicia, sino dar a conocer que esos hechos son parte de una estrategia contrainsurgente que se mantiene activa en contra de comunidades zapatistas y afines a éstas.
 
Señaló que si bien después del año 2000 los grupos paramilitares que asesinaron a mansalva “se han desdibujado” en el escenario chiapaneco, a cambio el Estado creó o mantiene “grupos de choque” de índole agrario o partidista (del PRI, Partido de la Revolución Democrática o del Partido Verde Ecologista de México) que agreden y se disputan las tierras de terratenientes que tomó el EZLN durante la insurrección de 1994.
 
El Tribunal Permanente de los Pueblos es un jurado ético de carácter internacional que reúne a especialistas para analizar crímenes impunes de lesa humanidad de acuerdo a los tratados internacionales firmados por México y a la legislación nacional que protege los derechos humanos.
 
En mayo de 2014 se espera la presencia de defensores de derechos humanos internacionales para que analicen los testimonios y evidencias presentados en el TPP y hagan su dictamen final.